Amaury Pacheco es como un viejo guerrero que llevaba tiempo ansioso por volver a la batalla. A este hombre, de complexión fuerte, con un pequeño peinado al estilo afro y una barba blanca con bigote negro, el Decreto 349 lo ha hecho regresar a las calles.

Hace poco más de 25 años era un joven flacucho que con un grupo de amigos fundaba en Alamar el grupo OMNI Zona Franca, una cofradía de artistas que mezclaban la poesía con la pintura, la danza, el performance y la música. Prefirieron intervenir los espacios públicos que las galerías con su arte, organizaron el Festival Poesía sin fin, y cruzaron algunos límites, hasta que terminaron una tarde acuartelados dentro de la Casa de Cultura de Alamar mientras la policía los esperaba afuera.

Aquella tarde pidieron un diálogo con Abel Prieto, Ministro de Cultura en ese entonces. Cientos de artistas piden lo mismo ahora, en septiembre de 2018, esta vez a Alpidio Alonso. Los intermediarios siguen siendo también los mismos. Amaury recuerda perfectamente a Fernando Rojas, 15 años atrás, diciéndole que no habría tal diálogo, que “ya la orden estaba dada”.

Todo esto lo cuenta el omnipoeta, como le gusta definirse, en la sala de su austera casa de Alamar, mientras nos interrumpen los ruidos de una fuerte tormenta. Esta vez se ha unido a otro joven artista que intenta poner en jaque al poder con cada uno de sus performances: Luis Manuel Otero Alcántara. El objetivo, tal vez ambicioso, es derogar el Decreto 349 que apareciera el 10 de julio en la Gaceta Oficial firmado por el flamante presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

–¿Por qué el 349 ha provocado en ti esa reacción?

–Es una amenaza directa. Es contra mí. Si voy a estar 10 o 20 años más viviendo aquí, no puedo quedarme callado. Esta ley no permite pensar diferente, te fulmina en vida, te convierte en un hombre muerto. Lo bueno es que por lo menos un grupo estuvimos lo suficientemente indignados para manifestar nuestro rechazo. Esto de alguna manera ha vuelto a conectar a muchos artistas que se sienten molestos o indignados –explica Pacheco.

Ese grupo comenzó a tomar forma cuando Luis Manuel y Yanelis Núñez, también artista independiente, lo visitaron en su casa de Alamar, tras leer el contenido del decreto. Aquella tarde decidieron hacer algo para dar a conocer semejante resolución. La idea fue llenarse de excrementos frente al Capitolio, futura sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y mostrar un cartel en contra del Decreto 349.

Se articularon como un comando: Luis Manuel caminaría por los alrededores hasta que llegada la hora se sentaría en las escaleras del Capitolio. El rapero Soandry del Río estaba encargado de filmar, junto a la curadora Iris Ruiz, esposa de Amaury. Yanelis, que desde algún punto lejano observaba, traería el cartel y los excrementos para que se untaran los artistas.

A Luis Manuel alguien lo estuvo siguiendo todo ese tiempo, y cuando Soandry, Amaury e Iris llegaron, dos agentes de la policía lo detuvieron automáticamente. Yanelis, quien veía todo desde lejos, decidió untarse ella los excrementos y dirigirse a la entrada del Capitolio. Mientras cruzaba la calle alguien le arrebató el cartel, y llena de mierda realizó una breve protesta. Ella no fue detenida, Iris aprovechó la confusión para darle los videos, que circularon durante varios días por las redes. Los demás, acusados de desorden público, fueron trasladados a la policía.

–Si no me manifiesto contra esa ley, no me manifiesto contra nada –afirma Amaury–. Yo tengo una familia, pero aun así decidí hacerlo. Permitir esa ley es el suicidio. Si me van a cortar la cabeza, que me la corten batallando.

Él, como casi todos en este relato, a veces siente miedo. Tiene hijos pequeños, tiene cierto espacio de libertad que, a base de aciertos y errores, y sobre todo de muchos golpes, ha ido construyendo. En resumen, siempre ha sido un tipo incómodo que siente que todavía puede luchar.

El Decreto

Fue exactamente el día de su cumpleaños número 58. Apenas habían transcurrido 24 horas de su insípida toma de posesión como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, cuando Miguel Díaz-Canel firmó una de las primeras polémicas de su mandato. Casi tres meses después, el 10 de julio de 2018, apareció publicado el Decreto 349 en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

Decir que generó un revuelo inmediato sería mentir. Buena parte del debate en el país apuntaba en los últimos meses a Pinar del Río, donde el científico Ariel Ruiz Urquiola había sido recién liberado, después de 55 días en prisión. La presentación del Anteproyecto de la Constitución, que tuvo lugar entre el 21 y el 22 de julio, absorbería la atención solo más adelante.

Algunos piensan que la intención era que el decreto pasara desapercibido, perdido entre las diferentes medidas de corte económico de la edición número 35 de la Gaceta Oficial. Aun así, el contenido de dicho decreto, que venía a actualizar al 226 de 1997, indignó a muchos de sus lectores.

El 21 de julio, once días después de su publicación, se anunciaba el cambio de Ministro de Cultura. Abel Prieto ponía fin a un mediocre mandato para dar paso a Alpidio Alonso, un ingeniero eléctrico villaclareño, autor de una obra poética poco conocida, que se desempeñaba en ese entonces como vice-jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba.

¿Pero qué dice el decreto que resulta tan polémico?

Tal vez su primer gran enigma radica en la definición de los espacios públicos no estatales. En el primer capítulo, las contravenciones determinadas por el Consejo de Ministros están enfocadas en este punto. La abogada Laritza Diversent explica:

“El decreto no define cuáles son estos espacios, ni otra norma legal tampoco. Esto da paso a la arbitrariedad e inseguridad jurídica. Si recurrimos a la interpretación, podríamos pensar que el 349 le da categoría de lugar o institución pública no estatal a los domicilios (privados), a los espacios artísticos independientes y en especial a los cuentapropistas. Inmuebles a los que no les reconoce valor comercial (peluquería, restaurantes, discotecas, etc.), porque no tienen personalidad jurídica.

“A ellos se les autoriza ejercer una actividad económica, que la mayoría realiza en sus viviendas de propiedad personal. Es cierto que reestructuran y adaptan esos inmuebles del negocio (peluquería, panadería, restaurante, etc.), pero legalmente siguen siendo domicilios privados. El estado no les reconoce personalidad jurídica ni el valor comercial de la propiedad.”

El Artículo 2.1 del Capítulo II explicita las contravenciones en lo que refiere a la prestación de servicios artísticos. En resumen, se sancionará tanto a la persona que facilite o contrate la prestación de servicios artísticos sin previa autorización de la entidad a la que pertenezca el artista, como al artista que brinde estos servicios sin estar debidamente autorizado por la institución y, en última instancia, al individuo que preste servicios artísticos sin estar autorizado para ello.

Todas estas contravenciones están catalogadas como graves o muy graves.

El Artículo 3.1, a su vez, se enfoca en los contenidos audiovisuales, donde se prohíbe mostrar pornografía, hacer un mal uso de los símbolos patrios, discriminar por color de piel, género, raza o discapacidad, atentar contra el desarrollo de la niñez y la adolescencia y –lo más preocupante por su ambigüedad– “cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural”.

Igualmente, según el Artículo 4.1, se penalizaría la difusión o realización de presentaciones artísticas musicales en las que se genere violencia mediante contenidos sexistas, vulgares, discriminatorios y obscenos, y también el establecimiento de espacios de comercialización de artes plásticas sin la autorización correspondiente ni la inscripción del artista en el Registro del Creador de las Artes Plásticas y Aplicadas.

En el Capítulo III se mencionan las medidas que deben aplicarse a quien cometa las contravenciones, que son en principio el apercibimiento, la multa o el “comiso de los instrumentos, equipos, accesorios y otros bienes”. También se aclara que la autoridad facultada puede “suspender de manera inmediata el espectáculo o la proyección de que se trate y proponer la cancelación de la autorización para ejercer la actividad del trabajo por cuenta propia”.

Las multas pueden ser de 1 000 o 2 000 pesos y los comisos se pueden aplicar de forma independiente o de conjunto con las multas, aunque dentro de los comisos no se puede encontrar en ningún caso la vivienda, ya que las viviendas no se decomisan, se confiscan.

En el Capítulo IV, dedicado a las autoridades facultadas para imponer estas medidas, aparece un viejo conocido de la cultura cubana, los supervisores-inspectores que serán designados por el Ministerio de Cultura o por sus organismos provinciales.

En el caso de las apelaciones, se explica que los sancionados tienen 10 días hábiles para presentarlas y que la autoridad facultada para resolver este recurso son las propias entidades de Cultura, es decir, quienes mismo imponen la sanción, lo que resulta una contradicción profunda, aunque usual en el sistema cubano, según Diversent:

“Tanto los procedimientos administrativos como en los judiciales se deben respetar las garantías del debido proceso, entre ellas la igualdad de partes, la independencia del órgano que tiene la decisión final. En el caso del recurso de apelación que establece el 349, no hay independencia en el órgano del estado que toma la decisión y el que aplica la medida establecida por el decreto. No se tiene en cuenta el posible conflicto de interés.” 

La Carta (I)

La mañana del 11 de julio, Abel González, curador y crítico de arte, revisaba internet en casa de un amigo cuando encontró una publicación de Cibercuba donde hablaban de un decreto que afectaría al arte independiente cubano.

Ese mismo día, en la tarde, la prestigiosa curadora española Chus Martínez daba una conferencia en el Museo Nacional de Bellas Artes. Allí estaban los jóvenes artistas plásticos Leandro Feal, José Manuel Mesías, Reynier (Chino) Novo y Hamlet Lavastida, quienes salieron motivados y preocupados a la vez tras el debate que se había generado con Martínez, donde se habló de la libertad de creación en Cuba.

Esa misma noche Abel se encontró con Leandro, José, Reynier y Hamlet, sus amigos. Ahí aprovechó para contarles por qué no fue a la conferencia. La razón, básicamente, fue el disgusto que le provocó el dichoso decreto. Tras hablar un poco decidieron que lo mejor era que cada cual lo leyera para entonces pensar qué hacer. Porque esta vez no se quedarían de brazos cruzados. Los atropellos en el campo cultural cubano no cesan, y este decreto podría legitimarlos, al menos desde la legalidad.

Esa noche Abel, antes de regresar a su casa en el municipio de Regla, visitó a otros dos jóvenes artistas, Lester Álvarez y Camila Ramírez. Les comentó del decreto. Decidieron verse en otro momento para debatirlo. Lester, en cuanto lo leyó, pensó en la #00Bienal y en el filme recién censurado Yo Quiero Hacer Una Película.

Apenas tres días después, Lester, Abel, Leandro y el Chino Novo se reunieron en casa de este último, en Miramar. Al rato llegó también Carlos Garaicoa, una de las figuras más importantes del arte contemporáneo cubano.

Al principio, según me cuentan, había dos ideas: un proyecto curatorial o algo más cívico, como una carta. Finalmente se deciden por lo segundo. Leen el decreto, localizan los puntos que parecen más críticos y deciden que Abel sea quien redacte, mientras buscan a un abogado que los asesore legalmente.

El mes de agosto transcurrió sin muchas novedades. Lester y Camila fueron a Camagüey, su provincia natal, el Chino Novo viajó a México, y Leandro, Mesías y Abel decidieron esperar que todos estuvieran de vuelta en La Habana. Por correo se fueron enviando el borrador de la carta, enriqueciéndolo cada uno con sus criterios. El reencuentro sería en septiembre.

El Club Aoyama

En el mes de junio, Mesías, Leandro y Abel viajaron a Japón. Su hotel quedaba en un barrio de Tokio llamado Aoyama. Desde entonces, a modo de broma, entre ellos se denominan el Club Aoyama.

La tarde del 11 de septiembre conversamos todos en un bar de La Habana Vieja.

–En el Capítulo II se considera contravención a quien preste servicios artísticos sin estar autorizado –me dice Abel–. Yo siento que eso presupone la ilegalidad de cualquier manifestación artística espontánea. Ser un artista debería ser un derecho, como poder vender tu arte, y pagar los impuestos correspondientes. No debería haber alguien que decida si eres un artista o no.

El Registro de Creador también preocupa mucho. Este licencia, que permite a los artistas comercializar su obra, se entrega oficialmente a los graduados de San Alejandro, del Instituto Superior de Arte (ISA) y a autodidactas por méritos artísticos. Pero desde hace un tiempo la licencia es retirada por motivos ideológicos, como fue el caso de Ítalo Expósito y Luis Trápaga tras la #00Bienal.

En la situación actual accede más fácil al Registro quien vende una obra de souvenir en una feria, con escaso criterio estético, que artistas de prestigio como Tania Bruguera o Luis Manuel Otero, que realizan un arte de corte político.

–Eso les sirve para meterlos presos por delitos económicos, por vender una obra sin autorización, y así se quitan de arriba la categoría de presos de conciencia –recalca Abel.

A Leandro le pregunto si siente que el decreto lo puede afectar como artista.

–Yo creo que, más que a mí, a la cultura cubana en general. No me gusta leerlo de modo individual. Creo que debemos asumir una actitud más global. Un conocido me decía que a él no lo afectaba, pero no comprendía que sí afecta a la cultura cubana, lo que es mucho más grave.

Leandro siente que, más allá de toda la arbitrariedad, hay dos grandes problemas. El primero es el “derecho arrogado de dictaminar quién es artista y quién no, lo que me parece muy lamentable, porque la cultura y el arte no la hacen las instituciones ni los gobiernos”, y dos, los inspectores, a los que califica de “policías de la cultura”

–Siempre los ha habido –dice luego–, pero esta vez los están facultando para que tengan derecho a censurar una obra, además de que pueden suspenderla en el momento. Es decir, pueden apagar el proyector de una película, desmontar un cuadro de una pared o desconectar un bafle.

–No van a ser intelectuales ni críticos de arte quienes se brinden para hacer esto –agrega Abel–. Además, hay una contradicción, porque en la medida en que comienzas a ser inspector dejas de ser intelectual, porque un intelectual no censura otras ideas. Un intelectual apuesta por ideas o no, defiende ideas o no, pero no censura”.

La figura del policía cultural se hizo tristemente célebre en Cuba en los años setenta, tal vez con Luis Pavón, a la sazón al frente del Consejo Nacional de Cultura, como el rostro más visible. En 2007, luego de la reaparición en la televisión nacional de varios de estos viejos censores, una serie de prestigiosos intelectuales cubanos cerraron filas en la llamada Guerra de los e-mails bajo la consigna de “nunca más”. Lamentablemente, hasta el momento, ninguno de esos intelectuales ha rechazado públicamente la reaparición de estos personajes. Tampoco han aceptado entrevistas para hablar del tema.

A Leandro le parece que las instituciones cubanas viven un momento de debilidad, que les ha llevado a firmar esta especie de Ley Mordaza. Le preocupa, además, porque “este policía de la cultura tiene la potestad de normar en espacios privados, es decir, nuestros estudios, nuestras casas. Eso me parece un escenario terrible. Los funcionarios dicen que no está pensado para aplicárnoslo a nosotros, pero para mí no es sano que esté escrito, ni que sea para nadie”.

En los últimos tiempos Leandro ha estado investigando sobre el género musical conocido como reparto, la versión más callejera del reguetón nacional. El decreto también parece ir sobre estos artistas.

–Contra el reggaetón no pueden ellos ni nadie. No me parece bien reprimir a un movimiento tan vivo, que está generando nuevos artistas todo el tiempo. Lo que estos reguetoneros dicen en sus canciones es lo que se dice en la calle en Cuba. También en su momento se intentó prohibir el mozambique, la rumba, incluso la timba.

–¿Hacia dónde creen que apunta el decreto? –pregunto.

–Busca controlar la movilidad mercantil y comercial del producto, y también los contenidos –me dice Mesías–. En el arte hay mucha materia de reflexión sobre temas que les preocupan a los ciudadanos, y con esa ley pueden regular e intervenir.

Comento luego que uno de los argumentos de la institucionalidad para justificar el decreto es evitar el intrusismo profesional. Mesías me dice que semejante cosa no se le había pasado por la cabeza.

–Eso en el arte está superado desde Duchamp. Si todo el mundo quiere ser artista, mejor. El arte contemporáneo, mientras más democrático, mejor.

Cuando termino la entrevista y apago la grabadora, Abel me cuenta que preparan una carta, pero que aún nadie lo debe saber.

–Ellos no quieren hacer un debate público donde expliquen por qué un decreto así. Yo creo que esto merece una reunión como Palabras a los intelectuales, donde alguien dé la cara y defienda la pertinencia de este documento –dice Leandro.

Son artistas, y son jóvenes, y viven en Cuba. Si no reaccionan a esto, no reaccionarán a nada. 

Lester Álvarez y Camila Ramírez

No son ruidosos, ni les gusta llamar la atención, pero a lo largo de estos meses van a convertirse en referentes dentro del grupo de firmantes de la carta que hoy, 12 de septiembre, cuando los visito en su casa, aún no pasa de un borrador.

Lester y Camila son novios. Ambos son camagüeyanos y hablan con la precisión que caracteriza a los camagüeyanos. Lester es artista plástico, tiene 34 años y emana una extraña sensación de libertad. Camila estudia Artes Plásticas en el Instituto Superior de Arte (ISA), y a pesar de su juventud sorprende por la claridad de sus ideas.

–El decreto viene a poner por escrito lo que la política cultural del gobierno ha venido aplicando arbitrariamente, que ha sido cerrar exposiciones, decidir cuáles temas son pertinentes para ser mostrados, qué artistas deben ser visibles –es lo primero que dice Lester cuando le menciono el asunto.

A algunos de sus amigos, como Ítalo Expósito, Julio Llópiz o Larry J. González se les ha retirado el Registro del Creador, o se les ha detenido el proceso para entregarles esta especie de patente de corso, y eso le parece una injusticia atroz.

Lester, de algún modo, siempre ha sido un outsider. Cuando estaba en último año del ISA exigió que su tutor fuera nada menos que el poeta proscrito Rafael Almanza. No quería artistas ni teóricos. Nadie lo podía representar como Almanza, ese paria de la cultura oficial.

En su opinión, en el arte cubano ha tenido mucho peso la academia, o más del que debería. Por su parte, cada vez se ha interesado menos por los espacios culturales establecidos. Desde 2013 trabaja en sitios, podríamos decir, marginales, con artistas que están fuera de los circuitos académicos.

–Básicamente el Decreto dice que todo eso es ilegítimo y sancionable. De manera que mi proyección profesional esta fuera del marco legal porque yo estoy trabajando con espacios que no son institucionales, que no tienen una legalidad, pero para mí, objetivamente, tienen más importancia que cualquier institución mierdera –me dice molesto.

Luego Lester comenta que en realidad él es un privilegiado porque tiene Registro de Creador, y que la actitud más cívica que podrían tener los privilegiados sería entregar el Registro, y que ojalá eso sucediera, pero primero las personas deben comprender que es un deber moral reaccionar contra el decreto.

Finalmente comenta que ni siquiera ellos, los firmantes de la carta, saldrán demasiado afectados, y que le gustaría que los funcionarios fuera a una Casa de Cultura cualquiera y se reunieran ahí con los jóvenes y les dijeran que a partir de ahora no van a poder exhibir sus obras, que son ilegales.

–A los artistas naif y a los de Casas de Cultura tampoco los va a afectar –interrumpe Camila–. El decreto en la concreta va a funcionar en momentos y circunstancias específicas, como pasó en la #00Bienal. La ambigüedad en la escritura es para eso. Al final es una herramienta que tienen guardada para cuando la necesiten. Lo que hay que exigirles es que tengan claridad en el lenguaje.

El carácter discrecional que muchos creen que va a tener la aplicación de la normativa es importante. Ya se filtran informaciones sobre las visitas de funcionarios a las casas de algunos artistas reconocidos para calmar los ánimos.

Para muestra, un botón: Ítalo Expósito perdió su Registro de Creador y fue penalizado con una multa de 3000 pesos por participar en la #00Bienal, mientras que a otros como Henry Eric, que también participaron, no les sucedió nada, seguramente porque gozan de mayor reconocimiento internacional y han ganado becas Guggenheim.

La Carta (II)

En la tarde del 14 de septiembre un grupo de amigos y artistas –Alejandro Campins, Marcos Castillo, Kevin Ávila, Carla María Bellido, Kiko Faxas, Leandro, Abel, Lester y Camila– se reúnen en casa de Mesías. Revisan la primera versión de la carta, discuten la regulación de contenidos, qué peticiones harán, y la posible publicación del documento, pero se suscriben por el momento a las reglas del juego de la institución, fóbica a los debates abiertos.

Dirigida al Ministro Alonso, con copia a Norma Rodríguez, directora del Consejo Nacional de las Artes Plásticas (CNAP), la carta se divide en dos partes: las dudas y los desacuerdos. Los artistas, entre muchos otros puntos, piden la definición de los “espacios públicos no estatales”, cuestionan el inciso e) del artículo 2.1, el cual presupone la ilegalidad del arte independiente, expresan su desacuerdo con las “funciones del Supervisor-Inspector o Inspector” o con la prohibición de la comercialización de las artes plásticas para quienes no tengan la autorización correspondiente ni pertenezcan al Registro del Creador, pues dicha licencia no solo se define por valoraciones artísticas sino también de contenidos.

El grupo se asegura de que haya cierta diversidad entre los firmantes iniciales. Acuerdan que cada cual reclute a tres colegas de confianza y el lunes 17 de septiembre, con 14 firmas estampadas, una decena de artistas se reúne en la calle Paseo. Leandro va a imprimir varias copias de la carta y luego las entregan personalmente en el Ministerio de Cultura, ubicado en las calles 11 y 4 del Vedado. Mientras esperan, un hombre se sienta frente a ellos y les toma fotos con su celular, aparentando discreción. Al rato se levanta y otro ocupa su puesto.

Luego se topan con Jorge Alonso (Chicho), comisario y censor del mundo cultural. “Veo aquí a una constelación”, dice Chicho.

El Ministro no está, o está reunido, y ante ellos se presenta Alicia, la jefa de despacho, quien recoge la carta, firma una copia y les pide sus correos electrónicos. En ese tiempo, aparece el Viceministro Fernando Rojas, quien le pregunta a Leandro por qué están allí. “¿Por qué tú crees?, por lo del decreto”, le dice. “Ustedes no han entendido nada”, responde Fernando, y vira la espalda y se marcha.

De ahí el grupo sigue para el CNAP, ubicado en Miramar, donde Norma Rodríguez los recibe con amabilidad, les brinde café y los hace pasar a su oficina. Intenta persuadirlos, les dice que el decreto no apunta a ellos y que, si buscan en la Gaceta Oficial, pueden comprobar que solo se trata de regulaciones comerciales. Pero Norma busca y nunca encuentra el párrafo al que alude.

Y la prestación de servicios artísticos, ¿qué quiere decir? También con fines comerciales, dice, pero posteriormente, en una reunión con Fernando Rojas, dirá que significa exhibición pública, con o sin fines de lucro.

Norma se muestra un poco nerviosa, no sabe responder bien. En la reunión también se encuentra la secretaria de la dirección y el Vicepresidente del Consejo, aunque ninguno dice absolutamente nada. Finalmente Norma les sugiere que sigan utilizando ese mecanismo de comunicación, ya que otros artistas hacen campañas abiertas en contra de la Revolución.

El grupo acuerda un plazo de diez días para recibir respuesta y, antes de la fecha, Norma les envía un correo. La reunión queda programada para el 27 de septiembre a las siete de la tarde en el propio Consejo. 

Ernesto Mederos, paradojas y preocupaciones

Es filólogo devenido cantautor, y a través de un crowfunding produjo junto a un colega su primer disco, titulado Ohmagno, el cual estuvo nominado como Mejor Álbum de Música Fusión y Mejor Diseño en los Premios Cubadisco 2017. Una confirmación de los modos independientes en que se produce el arte.

–La paradoja fundamental que encuentro es que para llegar a un estatus de profesionalidad es necesaria una práctica. Con este decreto se le niega la posibilidad a quien no haya pasado por escuelas de arte de comercializar su obra, al menos de manera incipiente, para con ese dinero aspirar a un estatus de profesionalismo: contratar a unos músicos para que te acompañen o comprar buenos materiales para una obra plástica –comenta.

El tema de los inspectores o censores también le preocupa.

–A partir de qué presupuestos se puede determinar que una obra es sexista, o que una obra artística es vulgar, o que es ofensiva, discriminatoria.

Y luego señala un punto interesante. ¿Censuraría el estado los propios programas que difunde en la televisión, llenos de contenidos sexistas, violentos, de ostentación de riquezas: las películas del sábado, las novelas brasileñas y cubanas, los videos de reguetón extranjeros?

Ernesto solo pertenece a la Asociación Hermanos Saíz (AHS), pero no tiene claro si a partir de ahora le alcanza con ese aval para presentarse en público.

Reacciones

Luis Manuel Otero era detenido, Yanelis llenaba su cuerpo de excrementos frente al Capitolio, y artistas, abogados y escritores como Tania Bruguera, Coco Fusco, Laritza Diversent y Enrique del Risco firmaban una carta rechazando el decreto. Amaury Pacheco organizaba una campaña en Instagram y Facebook a través de la cual decenas de artistas publicaban retratos personales con el lema: “Juntos podemos, no al Decreto 349: ley que convierte el arte en un delito”.

Un grupo de músicos encabezados por David de Omni grababa una canción en protesta. El grupo de teatro El Ciervo Encantado subía a sus redes sociales un video satirizando el trabajo de los supervisores-inspectores. La artista Sandra Ceballos escribía una carta abierta rechazando este cuerpo de leyes, “que es una vuelta al quinquenio gris, es una involución”.

Solo entonces un medio estatal, la revista digital La Jiribilla, que se ha convertido en una especie de grupo de respuesta rápida en cuanta polémica surja dentro del campo cultural cubano, habló del decreto.

Jorge Ángel Hernández, quien es uno de los principales autores de esta bitácora, intentó desacreditar a Sandra Ceballos mediante afirmaciones especulativas, asociando a la artista con dinero de la USAID. Es una práctica muy habitual en la prensa estatal cubana. Intentan matar al mensajero cuando no se puede destruir el mensaje.

El único de estos autores de La Jiribilla que aceptó contestar mis preguntas fue el escritor Antonio Rodríguez Salvador. Al preguntarle por el posible impacto del decreto en la literatura cubana, si es que tendría impacto alguno, Rodríguez Salvador se limitó a decir que cuando él escribe no piensa en leyes o decretos.

Finalmente confiesa que encuentra una debilidad en la resolución. “¿Estarán suficientemente preparados los inspectores encargados de aplicarlo? Los límites del arte no son una raya en el piso que milimétricamente permita decir esto sí, esto no; de modo que su aplicación ha de ejercerse con prudencia”, me escribe.

Cuando le pregunto si cree que el decreto puede convertirse en una herramienta de censura, su respuesta es: “No entiendo el sentido puntual de esta pregunta, cuando por casi 60 años la política cultural cubana se ha regido por la máxima: “Dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada”. Para censurar lo que sea considerado contrario a la Revolución, no hace falta el decreto 349, de modo que no sé por qué habría de hacer una lectura en esa dirección”.

Por su parte Pedro de la Hoz, vicepresidente de la UNEAC y también periodista del diario Granma, escribió un texto titulado ¿Por qué ha sido polémico y que propone en realidad el Decreto 349?, en el que reconoce preocupaciones legítimas entre la comunidad artística, pero también habla de “enconados cuestionamientos” que en su opinión son publicitados en medios al servicio de la subversión enemiga.

El periodista proclama que la libertad creativa no se ha puesto nunca en cuestionamiento, pero no menciona que la libertad de exhibición sí. Los siguientes párrafos son grandes citas de congresos de la UNEAC de hace más de 25 años o del ex ministro de cultura Abel Prieto, en los cuales se reivindica las Palabras a los intelectuales dictadas por Fidel Castro en 1961.

El autor, además, reconoce como un error que las normas complementarias de este decreto no se hayan publicado al unísono, lo que provoca “vacíos interpretativos”, y considera “fundamental la consulta y construcción de un consenso con los artistas, escritores y promotores culturales”.

Por su parte, la ONG Amnistía Internacional, de gran reconocimiento a nivel mundial en temas relacionados con Derechos Humanos, ha expresado su preocupación con esta resolución al considerar que contiene “restricciones imprecisas y excesivamente amplias de la expresión artística”. En un texto publicado en la página web de la organización, se lee que “prohibir la expresión artística basándose en conceptos como obsceno, vulgar o lesivos a los valores éticos y culturales no cumple los criterios de finalidad legitima, necesidad y proporcionalidad que establece el derecho internacional de los derechos humanos.” 

La Carta (III)

El 26 de septiembre, un día antes del encuentro fijado con los funcionarios de Cultura en el CNAP, los artistas convocan una reunión en casa de Leandro Feal. También llegan cineastas independientes que meses atrás habían firmado el Manifiesto del Cardumen y cuenta sus experiencias.

El grupo añade otra serie de dudas y desacuerdos a su carta. A saber: que el Registro del Creador no es una figura igualitaria para todas las manifestaciones artísticas, que la propia institución que legisla las contravenciones no puede garantizar el recurso de apelación, y que se realice un debate público sobre el decreto con la comunidad artística e intelectual del país.

Establecen, además, unas reglas internas para el debate: nadie debe monopolizar el diálogo, ni pedir la palabra más de una vez consecutiva. Que traten de opinar la mayor cantidad de artistas y que no eleven el tono ni se sobresalten, llevando la discusión a un terreno partidista.

Esta vez pondrán un plazo de 15 días para obtener una respuesta a sus demandas. Al día siguiente se suman más firmas. Discuten si debieron haber avisado o no a artistas como Luis Manuel Otero o Tania Bruguera. En ese momento algunos temen que otros no quieran firmar la carta debido al estigma político que hay sobre dichos artistas. La mayoría dice que, si los obvian deliberadamente, estarían replicando los prejuicios del Estado.

A las 6 de la tarde el grupo se encuentra en casa del Chino Novo. De ahí salen todos para la reunión.