Matanza de Tlatelolco / Foto: Internet

Matanza de Tlatelolco / Foto: Internet

A pesar de que los líderes del Consejo Nacional de Huelga, desde el tercer piso del edificio Chihuahua, gritaban por el magnavoz: ¡No corran, compañeros, no corran, son salvas!… ¡No se vayan, no se vayan, calma!, la desbandada fue general. Todos huían despavoridos y muchos caían en la Plaza, en las ruinas hispánicas frnte a la iglesia de Santiago Tlatelolco. Se oía el fuego cerrado y el tableteo de ametralladoras. A partir de ese momento, la Plaza de las Tres Culturas se convirtió en un infierno”.

Así comenzaba Elena Poniatowska su relato de la masacre del 2 octubre de 1968, en la Ciudad de México. Desde aquel testimonio, uno de los primeros, junto a los de Carlos Monsiváis en Días de guardar (1970) y Luis González de Alba en Los días y los años (1971), se ha acumulado un elocuente reclamo de memoria y justicia desde la izquierda mexicana, desconocido por las autoridades. La responsabilidad del presidente Gustavo Díaz Ordaz, del Secretario de Gobernación Luis Echeverría, que lo sucedió en la presidencia, y de la Dirección Federal de Seguridad, encabezada por Fernando Gutiérrez Barrios, ha estado siempre fuera de duda.

Investigaciones más recientes, como la del profesor de El Colegio de México Sergio Aguayo, en su libro El 68. Los estudiantes, el presidente y la CIA (2018), fijan la mirada en el papel de la CIA y, en especial, de su Jefe de Estación en México Winston Scott, en la represión del movimiento estudiantil. Este agente operaba en México desde mediados de los 50 y desarrolló una relación muy estrecha con los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Durante su gestión, se produjo el oscuro capítulo mexicano de Lee Harvey Oswald, que condujo a la detención, en México, de la joven Silvia Tirado de Durán, prima de la escritora Elena Garro, primera esposa de Octavio Paz, que trabajaba en la embajada cubana y decía haber sido amante del presunto asesino de Kennedy.

Esta enrevesada trama de la Guerra Fría en la Ciudad de México, donde se cruzaban los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, produjo, además, los envíos de información, hacia La Habana, de los supuestos vínculos con la CIA de Joaquín Ordoqui, el veterano dirigente comunista cubano. Aquella información “falsa”, facturada por la propia CIA a través de su operación Am/ Bear y entregada a la embajada de Cuba en México, fue la que decidió, según reconoce el general cubano Fabián Escalante Font, en su libro Más allá de la duda razonable (2016), los arrestos de Ordoqui, su esposa Edith García Buchaca, y también de Teresa Proenza, agregada cultural de Cuba en México, que había sido secretaria de Diego Rivera y amiga íntima de Frida Kahlo por décadas.

El entrelazamiento de los casos de Lee Harvey Oswald en México y de Joaquín Ordoqui en Cuba, que formó parte del llamado “proceso al sectarismo” que condujo al fusilamiento de Marcos Rodríguez en 1964 en La Habana, revela una colaboración práctica entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Cuba. Algo que, según el libro reciente de Aguayo, pudo haberse repetido cuatro años después, en el verano de 1968, durante la represión del movimiento estudiantil en México.

Cuba era un ideal compartido por buena parte de la izquierda mexicana, como ha documentado la historiadora Renata Keller en su libro Mexico’s Cold War (2015). Organizaciones pacíficas o armadas de ideología nacionalista revolucionaria o marxista-leninista, como el Movimiento de Liberación Nacional de Lázaro Cárdenas, el Grupo Popular Guerrillero, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez o el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas en Guerrero, además de amplias corrientes intelectuales, como la nucleada en torno a la revista Política, defendieron en México una radicalización de la izquierda por la vía cubana.

Mientras tenía lugar esa profunda conexión por debajo, se fraguaba, por arriba, un entendimiento no menos profundo entre los dos gobiernos, el de Fidel Castro, Osvaldo Dorticós y el Partido Comunista de Cuba, y el de López Mateos, Díaz Ordaz y el PRI en México. Hacia 1968, México había probado, en varias coyunturas, su lealtad diplomática a La Habana: se había opuesto a la expulsión de Cuba de la OEA, había desafiado el embargo comercial de Estados Unidos e, incluso, había incrementado el intercambio comercial con la isla a partir de 1967. Tras las protestas de algunos gobiernos latinoamericanos en la OEA y en la ONU, luego de las conferencias de la Tricontinental y la OLAS en La Habana, en 1966 y 1967, en las que participó una delegación mexicana, encabezada por Heberto Castillo, líder del MLN cardenista, México se abstuvo, una vez más, de condenar a la isla.

El gobierno cubano agradeció esa postura manteniéndose al margen del movimiento estudiantil de 1968. Pero no sólo por gratitud diplomática con México sino por su desacuerdo creciente con la ideología de la Nueva Izquierda, que tomó las calles de París en mayo. Sergio Aguayo recuerda en su libro que la prensa cubana, al igual que la soviética, se colocó del lado del gobierno de Díaz Ordaz durante todo el verano de aquel año. A fines de agosto, Fidel Castro había respaldado la invasión soviética de Checoslovaquia. Cuando el 10 de septiembre aparece un comunicado de la OCLAE en Juventud Rebelde, denunciando la brutalidad del ejército mexicano, el embajador en la isla, Miguel Covián Pérez, pidió explicaciones al canciller Raúl Roa.

Según Aguayo, Roa explicó a Covián que la OCLAE era una “organización autónoma con sede en La Habana”, pero que el gobierno cubano intentaría “orientar al organismo para que no volviera a incurrir en el error”. Concluye Aguayo que el reclamo mexicano surtió efecto y que el gobierno de la isla mantuvo un control estricto de su prensa, tan influyente en la izquierda latinoamericana, para que no se desafiara públicamente la versión oficial del gobierno de Díaz Ordaz sobre el 68 mexicano.

Lo paradójico es que el relato oficial mexicano implicaba a Cuba, a la Unión Soviética y a China, ya que sostenía que los estudiantes estaban armados por el comunismo internacional. Presentar a los estudiantes como “agentes extranjeros” o marionetas de uno de los polos de la Guerra Fría fue el recurso mediático del autoritarismo mexicano para justificar la represión de aquel verano y, específicamente, la masacre del 2 de octubre. “Una de las debilidades del Movimiento –dice Aguayo– era que sus aliados internacionales –Cuba y la URSS– eran cómplices o respaldaban a Gustavo Díaz Ordaz”.

¿No reaccionó Cuba a aquella acusación mexicana de intervención en el movimiento estudiantil? Tal vez la respuesta llegó un año después, en el verano de 1969, cuando el gobierno de Fidel Castro acusó de agente de la CIA al diplomático Humberto Carrillo Colón, destacado en la embajada de México en la isla. La crisis diplomática provocó una reunión entre el canciller Raúl Roa y el presidente Díaz Ordaz, en septiembre de 1969, en la Ciudad de México. Pero a pesar de la gravedad de la acusación, el vínculo especial entre ambos países sobrevivió.

Otra historiadora de El Colegio de México, Ana Covarrubias, que ha estudiado durante años las relaciones cubano-mexicanas, concluye que aún cuando fuera cierto el cargo de Carrillo Colón como agente de la CIA, lo cierto es que México, como plaza de los servicios de inteligencia de la Guerra Fría y como vía de triangulación de las relaciones con Estados Unidos, era demasiado valioso para Cuba. Luego de aquel conflicto del verano del 69, dice Covarrubias, la intervención cubana en México fue mayor, alentada por el giro tercermundista que daría la política exterior de Luis Echeverría.