Los derrumbes parciales o totales en La Habana, en la mayoría de los casos, no son accidentes. En la mayoría de los casos, ocurren en un inmueble que previamente ha sido declarado inhabitable irreparable por uno o varios especialistas del Estado, lo cual significa que dicho inmueble representa un peligro para la vida y debe ser demolido y que existe un dictámen técnico, o varios, por lo general son varios, registrados en instituciones estatales, porque un inhabitable irreparable suele pasar años y hasta décadas recibiendo las mismas evaluaciones antes de que sus habitantes sean albergados o trasladados a nuevas viviendas.

En La Habana, a fines de 2015, había más de 34 mil familias con anuencia de albergue, es decir, más de 34 mil familias residiendo en inmuebles cuyo estado constructivo representaba un peligro para sus vidas.

Este 27 de enero, tres niñas murieron a causa del derrumbe de un balcón en el consejo popular Jesús María, del municipio La Habana Vieja, y la prensa oficial cubana dijo que se trataba de un triste accidente. El portal digital Cubadebate basó su nota en una entrevista con una vecina del lugar, quien explicó que el balcón que se desprendió y cayó encima de las tres niñas formaba parte de una vivienda que estaba siendo esporádicamente demolida, luego de un derrumbe parcial que sufriera el año anterior.

Cubadebate destacó, en negritas, lo siguiente: «Colocaban una cinta perimetral para evitar que las personas pasaran por los bajos del edificio». No precisó cada qué tiempo iba la brigada de demolición.

La vecina citada solo dijo que acudían «cada cierto tiempo», que tumbaban tres ladrillos y se retiraban, que siempre colocaban una cinta amarilla para impedir el paso por el área, pero que «la gente es negligente» y la cortaba. Si la vecina dijo algo más que contrastara esa visión, Cubadebate no lo incluyó.

El momento más osado de la nota fue cuando refirió lo que varios vecinos habían afirmado. A saber, que «esto se podía haber evitado», aunque por lo narrado antes de ese momento, lo que se interpretaba era que para evitar la muerte de las tres niñas hubiera bastado con que la gente no cortara la cinta amarilla que colocaba la brigada de demolición luego de ir a tumbar tres ladrillos cada cierto tiempo. De acuerdo con Cubadebate, si hay responsables en esta historia son quienes cortaban la cinta amarilla.

Yo no soy una experta en el asunto. He estado cubriendo el tema de la vivienda desde 2015. He entrevistado a personas afectadas, especialistas, fuentes oficiales. He reportado sobre barrios vulnerables a inundaciones por lluvias o penetraciones del mar y sobre edificios declarados inhabitables e irreparables en La Habana y Santiago de Cuba.

También reporté sobre los efectos del tornado del 27 de enero del año pasado en municipios como Regla o Diez de Octubre. Mi acercamiento al tema de la vivienda ha sido siempre como periodista. Sin embargo, desde que leí la noticia de Cubadebate sobre el derrumbe del balcón de una vivienda que estaba siendo demolida, presuntamente porque había sido declarada inhabitable irreparable, una de las primeras preguntas que me hice fue si el balcón estaba, o no, apuntalado.

Cuando se va a demoler un inmueble, el apuntalamiento o aseguramiento de la estructura es uno de los pasos básicos. Incluso, no es raro encontrar en La Habana historias de demoliciones que tardan en ejecutarse por falta de madera para apuntalar. Durante la fase de recuperación del tornado de 2019, encontré varias familias damnificadas que enfrentaban este problema, aunque en la prensa se pueden localizar reportes de años anteriores.

El arquitecto Yoandy Rizo, consultado sobre este punto, confirmó que sí, que es necesario apuntalar el balcón de una vivienda que va a ser demolida o se encuentra en peligro de derrumbe, pero que no hacerlo es una negligencia tan absurda como común. «Esta realidad que todos consentimos», agregó Rizo, «es una amenaza latente y progresiva que expone a un riesgo innecesario no solo a operarios sino también a vecinos y transeúntes. Cuando ocurre un derrumbe total o parcial en un edificio es porque el edificio ya ha dado suficientes señales de que lo va a hacer, así que no hay excusas para este tipo de evento».

Aunque las primeras fotografías del derrumbe ya son de por sí bastante reveladoras, en la noche del 28 de enero El Estornudo visitó el lugar de la tragedia, justo cuando la comunidad realizaba una vigilia por las víctimas, y pudo hablar con varios vecinos que confirmaron que el balcón de la vivienda ubicada en el número 102 de la calle Vives no estaba apuntalado. Sergio Gutiérrez, vecino del número 104, una de las personas que ayudó a rescatar los cuerpos de las niñas de debajo de los escombros, contó que desde noviembre del año pasado había comenzado la demolición a mandarriazos de la vivienda ubicada en los altos del número 102, colindante con la suya, y que el balcón nunca se apuntaló. Lo que restó de balcón, por el doblar de la calle, se apuntaló tras el derrumbe del 27 de enero. Sobre las señalizaciones también le pregunté a Gutiérrez, y su respuesta fue que no recordaba que se hubieran colocado cintas amarillas durante ni después de las acciones de demolición.

María Karla Fuentes (11 años), Rocío García (10 años) y Lisnavy Valdés (11 años) no perdieron la vida en un accidente. Los responsables del derrumbe del 27 de enero, al igual que ellas, tienen nombres y apellidos. Lo único fortuito en este caso fue que María Karla, Rocío y Lisnavy estuvieran paradas debajo del balcón en el instante exacto en que se desplomó, no que el balcón se desplomara en una zona residencial bastante transitada y próxima a la escuela primaria donde las tres niñas estudiaban.

Decir que sus muertes fueron un accidente es decir que el único responsable fue el azar y que ninguna de las instituciones estatales que debieron estar implicadas en el proceso de ese inmueble de la calle Vives –como la Dirección Municipal de Planificación Física, la Dirección Municipal de la Vivienda o la empresa contratada para demoler, que usualmente es Secons– tuvieron responsabilidad en sus muertes. Culpar al azar implicaría reconocer que las personas encargadas de la demolición de ese inmueble hicieron correctamente su trabajo y que deberían continuar haciéndolo como lo han venido haciendo hasta ahora. Si nadie cometió ningún error, si no hubo negligencia, no hay nada que cambiar.

Hacer justicia pasa por determinar responsables. Mientras tragedias de este tipo se consideren accidentes, historias similares van a repetirse una y otra vez, hasta que no quede en la ciudad un edificio en mal estado en pie. No son más cintas amarillas lo que necesita La Habana. Si en La Habana se pretendiera colocar cintas amarillas en cada sitio donde existe peligro de derrumbe, necesitaríamos miles de kilómetros de cintas amarillas y las familias vivirían sorteando cintas amarillas en el baño o la cocina, pues hay quienes comen, duermen y ven televisión en viviendas que están en peligro de derrumbe.

Si algo necesita La Habana, y el país todo, son viviendas dignas, y justicia.